Las políticas preventivas son las más costo-efectivas, pero las preferencias ciudadanas son cada vez más punitivas. Es necesaria mayor tracción política para intervenciones preventivas basadas en evidencia científica.
El gasto inteligente en seguridad ciudadana: más allá del crimen y el castigo
(Capítulo 7)
Históricamente, el debate sobre seguridad ciudadana tiende a oscilar entre dos polos: por un lado, “mano dura” contra la delincuencia y, por otro, el enfoque social de las “causas estructurales de los delitos”. En América Latina y el Caribe, la presión ciudadana para lograr resultados rápidos y la cobertura mediática de delitos de alto perfil ha llevado a numerosos gobiernos a adoptar una línea dura e inclinarse por la primera opción. Una policía más rígida y militarizada, condenas más largas y el aumento de los encarcelamientos son ejemplos de esta visión punitiva del delito. Según esta perspectiva, cuanto mayores sean la represión y el castigo, más disminuirán los delitos. En el lado contrario se sitúan los que sostienen que el foco debe centrarse en cambiar las causas estructurales que generan la delincuencia y la violencia. Programas gubernamentales deberían reducir las manifestaciones de la desigualdad y la exclusión social que favorecen la delincuencia y la violencia, a saber, la deserción escolar, la desintegración familiar, la precariedad urbana y el desempleo juvenil, entre otros. Afortunadamente, una tercera vía combina aquellos elementos preventivos y punitivos cuyo impacto en los delitos está respaldado por evidencia científica. Este enfoque, que en el mundo anglosajón se conoce como smart-on-crime (Waller, 2014), está permeando lenta pero decididamente las ideas y la práctica en la región. Leer más.