Las políticas preventivas son las más costo-efectivas, pero las preferencias ciudadanas son cada vez más punitivas. Es necesaria mayor tracción política para intervenciones preventivas basadas en evidencia científica.
El gasto inteligente en seguridad ciudadana: más allá del crimen y el castigo
(Capítulo 7)
Históricamente, el debate sobre seguridad ciudadana tiende a oscilar entre dos polos: por un lado, “mano dura” contra la delincuencia y, por otro, el enfoque social de las “causas estructurales de los delitos”. En América Latina y el Caribe, la presión ciudadana para lograr resultados rápidos y la cobertura mediática de delitos de alto perfil ha llevado a numerosos gobiernos a adoptar una línea dura e inclinarse por la primera opción. Una policía más rígida y militarizada, condenas más largas y el aumento de los encarcelamientos son ejemplos de esta visión punitiva del delito. Según esta perspectiva, cuanto mayores sean la represión y el castigo, más disminuirán los delitos. En el lado contrario se sitúan los que sostienen que el foco debe centrarse en cambiar las causas estructurales que generan la delincuencia y la violencia. Programas gubernamentales deberían reducir las manifestaciones de la desigualdad y la exclusión social que favorecen la delincuencia y la violencia, a saber, la deserción escolar, la desintegración familiar, la precariedad urbana y el desempleo juvenil, entre otros. Afortunadamente, una tercera vía combina aquellos elementos preventivos y punitivos cuyo impacto en los delitos está respaldado por evidencia científica. Este enfoque, que en el mundo anglosajón se conoce como smart-on-crime (Waller, 2014), está permeando lenta pero decididamente las ideas y la práctica en la región. Leer más.
Rodrigo Serrano-Berthet
Ciudadano argentino, tiene un doctorado en Política Pública del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Es especialista principal en seguridad ciudadana de la División de Servicios de Innovación Orientada al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo.